La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a 16 meses de prisión a una mujer por proferir amenazas e insultos de carácter racista contra un niño de 10 años. Los hechos, calificados por el tribunal como una grave vulneración de la dignidad del menor, tuvieron lugar en el comedor escolar de una localidad perteneciente al partido judicial de Aranda de Duero.
La sentencia considera probado que el ataque estuvo motivado por la animadversión y el desprecio hacia el origen racial de la víctima, quien sufrió las vejaciones en presencia de otros compañeros de colegio.
Relato de los hechos en el ámbito escolar
El suceso ocurrió en enero de 2024. Según recoge el dictamen judicial, la acusada accedió al interior del comedor escolar sin la debida autorización con el fin de recoger a otros menores. Una vez allí, se dirigió al niño de 10 años utilizando expresiones denigrantes y racistas ante otros quince alumnos que se encontraban en el lugar.
Durante el episodio, la mujer llegó a tomar unas tijeras de una de las mesas y, aunque no las esgrimió directamente contra el menor, profirió graves amenazas contra su integridad física y la de su familia. El tribunal subraya que la intención de la condenada fue en todo momento «menoscabar la dignidad» del niño y generarle un profundo sentimiento de miedo y humillación.
Tres delitos y agravante por abuso de superioridad
La sentencia de la Audiencia Provincial tipifica la conducta de la mujer en tres delitos: un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas (en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos raciales), un delito contra la integridad moral y un delito leve de amenazas.
Además, el tribunal ha aplicado el agravante de abuso de superioridad, al tratarse de una agresión verbal de una persona adulta contra un menor de edad. La denuncia que originó el proceso fue interpuesta por la madre del pequeño tras conocer el episodio de humillación sufrido por su hijo.
Indemnización y alejamiento en la Ribera del Duero
Además de la pena de cárcel —cuya ejecución ha sido suspendida por dos años al carecer la mujer de antecedentes penales—, la sentencia impone medidas contundentes para proteger a la víctima y resarcir el daño causado:
- Indemnización: La condenada deberá abonar 2.000 euros al menor por daños morales.
- Orden de alejamiento: Prohibición de acercarse a menos de 100 metros o comunicarse con el niño durante un periodo de tres años.
- Inhabilitación profesional: La mujer no podrá ejercer profesiones relacionadas con el ámbito educativo, deportivo o de tiempo libre durante los próximos nueve años.
Para evitar el ingreso en prisión, la justicia ha condicionado la suspensión de la pena a que la mujer no vuelva a delinquir y participe de manera obligatoria en un programa formativo sobre igualdad y no discriminación. Este caso pone de relieve el firme compromiso de las instituciones judiciales del partido de Aranda en la lucha contra los delitos de odio y la protección de la infancia en nuestra comarca.
